El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda mantuvo hoy una reunión por videoconferencia con el presidente del Hogar Gallego para Ancianos de Buenos Aires en la que se le trasladó el compromiso de un acuerdo de colaboración por 50.000 euros para la atención sociosanitaria de los gallegos y gallegas residentes en esta ciudad argentina.

Precisamente la covid-19 motivó el aumento de la dotación del convenio ya en 2020, pasando de los 20.000 euros del año anterior a los 40.000. En 2021, volverá a incrementarse la cantidad hasta llegar a los 50.000.

Durante lel encuentro digital, se analizó también la situación actual de la institución. En este sentido, Bernardo Rey le informó a Rodríguez Miranda de que la entidad mantiene su actividad con total normalidad, ofreciendo un servicio integral a los 90 usuarios y usuarias que se encuentran actualmente en el centro.  

El Hogar Gallego para Ancianos de Buenos Aires, situado en Domselaar, cuenta en la actualidad con 296 socias y socios, de quienes 198 son de origen gallego. En esta ciudad argentina existe una amplia colonia de personas gallegas ancianas que por razones de carácter social necesitan ser acogidas de manera asistencial. Esta entidad da así atención a este colectivo ante dicha situación de desamparo, proporcionándoles una vivienda permanente en un albergue digno, asistencia integral, alimentación, control de la salud y asistencia social, bien por apoyo familiar o porque carezcan de personas allegadas. 

La Secretaría Xeral da Emigración lleva años colaborando con este hogar, ya que considera necesario contribuir a la prestación de asistencia a la colectividad gallega residente en la Argentina y que estén pasando dificultades vitales, “especialmente en el caso de los más mayores, un colectivo ya de por si vulnerable y que en esta pandemia está siendo el más afectado”, explicó Rodríguez Miranda. 

“Nuestro interés radica en la pretensión de mejorar su salud, su bienestar social y su calidad de vida. La situación vivida por el virus de la covid-19 obliga a este tipo de entidades a llevar a cabo diferentes acciones de prevención, higiene, realización de pruebas y habilitación de salas de aislamiento, lo que supuso, evidentemente, un importante desembolso en adquisición de material y contratación de personal”, añadió el secretario xeral.