A menos de un mes de que termine el presente año, la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración aun no adelantó las líneas generales del plan de acción que va a proponer desarrollar junto con las Comunidades Autónomas para el próximo año 2011 en la materia de su competencia.

Durante este año 2010, la Secretaria de Estado recortó la dotación que asignó a Galicia para el desarrollo de programas de inmigración en nada menos que un 65%, disminuyendo de los casi 4 millones de euros que adjudicó en el año 2009 hasta los 1.250.000 que supuso la aportación de la presente anualidad.

A pesar de este drástico recorte unilateral llevado a cabo por el Gobierno Central para el desarrollo de políticas de integración de inmigrantes, gracias al esfuerzo de financiación que realizó la Xunta en el 2010 para el desarrollo de actuaciones en materia de acogida e integración, el dispositivo de protección social de las personas inmigrantes pudo mantenerse en unas condiciones adecuadas, y eso pese al marco de honda crisis económica de la actualidad.

Rehenes de las prisas
Que a estas alturas del año el Ministerio de Trabajo e Inmigración no haya anunciado cuáles van a ser las líneas de intervención ni los programas que van a ser financiados con carácter prioritario en el próximo año 2011, dificulta la realización de los trabajos de planificación de la Secretaría Xeral da Emigración. Al mismo tiempo, incide muy negativamente en las políticas que se vayan a desarrollar en la Comunidad Autónoma, que se convierten en rehenes de las decisiones de última hora del Gobierno Central, y de las posibles prisas generadas de estas determinaciones tardegas.

Por otra banda, el hecho de que el Gobierno central siga sin aprobar el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, incumpliendo el mandato de esta (que estipulaba que debía estar aprobado en junio pasado), abre aun más incógnitas e interrogantes sobre las pautas a seguir en este terreno.

Para la Secretaría Xeral da Emigración, las faltas de previsión y reducciones presupuestarias del Ministerio suponen un claro incumplimiento del principio de cooperación que debe existir entre las distintas Administraciones públicas; así como una falta de responsabilidad que, de no corregirse, puede acabar perjudicando la atención social que están recibiendo las personas inmigrantes que viven en Galicia.

Llamada sin contestar
Finalmente hay que señalar que la Secretaría Xeral da Emigración convidó a los representantes de los ayuntamientos de A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo a mantener a una posible reunión entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Xunta de Galicia, y más representantes de estas siete grandes ciudades gallegas, para analizar las previsiones existentes en materia integración para el 2011. Sin embargo, y para desgracia de los posibles beneficiarios de esas políticas comunes, a fecha de hoy ninguno de ellos contestó la citada invitación.