La Xunta de Galicia, a través de la Secretaría General de la Emigración, se ve en la obliga, una vez más, de recordar al PSdG que las oficinas de atención al colectivo inmigrante- sitas en las siete grandes ciudades gallegas –están financiadas por el Fondo para la Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; y que se verá recortado en un 50% en este 2010, afectando directamente a las partidas de gasto social que conciernen a la población extracomunitaria.

En este punto, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración justifica que la reducción viene “dun axuste presupuestario” en las partidas “onde os datos din hai un descenso na chegada de inmigrantes e unha previsión menor do gasto"; apuntaba el pasado octubre la secretaria de Estado, Consuelo Rumí.

Por  lo contrario, desde esta Secretaría General de la Emigración, consecuentes con las necesidades urgentes de inserción sociolaboral del inmigrante, da su mejor información y orientación- y frente a lo que no parece prioridad para el estado central- la Xunta de Galicia garantiza su compromiso con el mantenimiento de las oficinas de atención al colectivo.

Para ello, se hará, por parte del gobierno de la Comunidad Autonóma, un esfuerzo orzamentario, ligado al Plan de Acción destinado a la población inmigrante, y consecuentemente con la política que defiende el ejecutivo de Núñez Feijóo, de una efectiva contención del gasto público que no incida en la calidad da prestación de los servicios sociales, sanitarios y educativos- que el gobierno central manifestamente quebranta, al considerar que esta medida "non afecta ao gasto social directo", segun declaraciones de la secretaria de Estado, Consuelo Rumí-.

Así mismo, desde la Secretaría General de la Emigración, se insíste en que la decisión última acerca de la renovación del personal adjudicado a la información, orientación y inserción sociolaboral del inmigrante dependerá siempre de los propios concellos, que en vez de esigir erróneamente a la Xunta la firma inmediata de los convenios por los que se rigen las oficinas, haberían de reclamar al gobierno central el por que en la indefinición de la cantidad asignada a este fin por el Fondo para la Integración, que conlleva a demoras “impropias e nada desexadas” por parte de esta Secretaría General de la Emigración, en la firma de dichos acuerdos de colaboración.