Galicia es la primera Comunidad Autónoma de España en contar con un convenio de colaboración con la Unión Europea que permita dar asistencia sanitaria a los funcionarios y a las funcionarias de la Comisión Europea que viven o trabajan en ella. Con este fin, la Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera Álvarez; y el jefe de la Oficina Central del Seguro de Enfermedad y de Accidentes de la Comisión Europea, Giuseppe Scognamiglio, firmaron hoy el correspondiente documento en el que se recoge el procedimiento de acceso a la prestación de asistencia sanitaria del personal afiliado al régimen común de seguro de enfermedad de la Comisión Europea que opte por recibirla a través del Sergas.

Así, estas personas podrán contar con cobertura en Atención Primara y Especializada con las mismas características que las y los gallegos; y dispondrán de tarjeta sanitaria del Servicio Galego de Saúde en la que se incluirá la identificación UE que acreditará su derecho a la asistencia.

Hasta el momento, para estas y estos ciudadanos no había estandarización de la asistencia y no podían acudir a la Atención Primaria. En este sentido, la CE solicitó que sus funcionarios y sus funcionarias sean atendidas en los centros sanitarios públicos de Galicia de manera planificada y la demanda de los mismos para garantizar la accesibilidad y la continuidad de los cuidados.

La asistencia sanitaria de estos trabajadores y trabajadoras será sufragada por la UE de acuerdo a las tarifas oficiales del Sergas; y el convenio será aplicado no sólo a las y a los funcionarios en activo, sino también a aquellos jubilados y aquellas jubiladas que decidan residir en Galicia. La formalización de este acuerdo mediante la firma de hoy entre Rocío Mosquera y Giuseppe Scognamiglio permite dotar de estabilidad y garantía de asistencia sanitaria a las y los trabajadores de la UE, al tiempo que se agiliza la tramitación burocrática, de forma que los procedimientos de pago se realizarán de manera directa.

Galicia y la Unión Europea apuestan así por un marco de agilización de los trámites administrativos en un contexto de igualdad de acceso y de trato. El convenio permite, igualmente, el afianzamiento y la estabilidad de las instituciones de la UE en la Comunidad Autónoma.