El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó hoy en el I Foro Retorno y Atracción del Talento en Asturias, donde puso en valor la Estratexia Galicia Retorna como pionera y referente a nivel nacional, con más de 8.500 gallegos retornados en el año 2023. Su intervención fue clara: “El retorno debe ser una política de Estado”, especialmente ante la soledad que sufren las comunidades autónomas que, como Galicia, mantienen un compromiso sostenido y profundo en este ámbito.

Miranda defendió que la garantía de eficacia de una estrategia de retorno debe basarse en la integridad de la atención y el acompañamiento a las personas retornadas, así como en la transversalidad de la actuación de los poderes públicos, implicando de forma coordinada a todas las áreas de gobierno.

Además, reivindicó una mayor implicación del Gobierno de España, que permita aumentar la efectividad del trabajo de las comunidades autónomas y de los recursos públicos que ya se están utilizando. Recordó que el derecho al retorno está recogido en el artículo 42 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Galicia, y que debe traducirse en políticas estatales concretas.

Durante su intervención, Miranda expuso la experiencia gallega como un modelo pionero y eficaz para fomentar el retorno y atraer talento del exterior. Subrayó que solo en el año 2023 Galicia experimentó un saldo migratorio positivo de +25.738 personas, y que la nueva Estratexia Galicia Retorna 2023–26, con un presupuesto de 450 millones de euros y 100 medidas, busca facilitar el regreso de otros 30.000 gallegos.

El secretario también hizo hincapié en la importancia de mantener un vínculo constante con la diáspora gallega, a través de programas como los Conecta, Reencontros o Escolas Abertas, y gracias a una comunicación digital eficaz, que en 2024 alcanzó los 550.000 usuarios únicos en el portal GaliciaAberta y superó los 80.000 seguidores en redes sociales.

Rodríguez Miranda concluyó pidiendo una visión conjunta y estatal del retorno: “Galicia ya demuestra con hechos que esta política tiene un impacto social y demográfico real. Ahora es necesario que el Estado asuma también su responsabilidad”.