Miranda renueva su colaboración con la Fundación +34 para atender a las y los gallegos en el exterior que se encuentren en situación de privación de libertad y especial dificultad

La finalidad del acuerdo es actuar en materia jurídica, psicológica, médica y farmacéutica.

El acuerdo recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha denunciado una preocupante situación de muerte y violencia en las cárceles de determinados países
El acuerdo recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha denunciado una preocupante situación de muerte y violencia en las cárceles de determinados países
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Santiago de Compostela, 9 de junio de 2018.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, firmó un acuerdo con el presidente de la Fundación +34, Francisco Javier Casado Martín, para prestar atención a aquellos presos y presas de origen gallego que estén en situación de especial dificultad en prisiones extranjeras, señalamente en América Latina.

El acuerdo recuerda que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha denunciado una preocupante situación de muerte y violencia en las cárceles de determinados países”. Por esta razón, tanto el Valedor do Pobo como el Defensor del Pueblo han solicitado a las distintas Administraciones competentes que hagan un esfuerzo por atender a las personas que se encuentran en grave riesgo “por estar en situación de privación de libertad en países en los que no se asegura unas condiciones de respeto de los niveles mínimos de los derechos humanos”.

La Fundación +34 es una organización privada, de carácter social y benéfica sin ánimo de lucro, y entre sus fines se encuentra la ayuda humanitaria y defensa de las y los presos españoles en el extranjero así como la ayuda a los ciudadanos y ciudadanas en situación de desamparo y abandono.

Condiciones físicas y psicológicas
El convenio, dotado con 12.000 euros aportados por la Secretaría Xeral da Emigración, busca favorecer las condiciones tanto físicas cómo psicológicas de las personas encarceladas, así como recabar información sobre su situación jurídica; facilitar asistencia médica con periodicidad semestral en diversas ciudades del centro y sur de América; y el envío de productos farmacéuticos a aquellas personas, objetivo final del convenio, que las necesitan para su supervivencia y no las tienen garantizadas.

De este modo, el Gobierno gallego pretende complementar el trabajo de la Administración del Estado, que es en la que recae la responsabilidad y competencia sobre los españoles y las españolas recluidas en cárceles del extranjero.

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